España: Estado de Partidos (V)

Siguiendo con “Representación e identidad” (1.958) de Leibholz, cuya postura doctrinal comenzamos a analizar en el anterior artículo, vemos que continúa así:

(…)

4.- Este cambio en la posición del parlamento tiene que introducir también cambios decisivos en la posición de los diputados.

Los partidos pueden pretender imponerse a sus miembros. El diputado aparece básicamente sometido a una voluntad ajena y ya no cabe hablar de él como de un representante que, libremente y desde su propia personalidad, tomas sus decisiones políticas para todo el pueblo. Al diputado le falta la legitimidad última para seguir en cuestiones políticas fundamentales una línea divergente de la de los partidos y fracciones.

El diputado pasa a convertirse en un eslabón técnico organizativo en el seno del partido, que en caso de conflicto debe doblegarse.

Desde el punto de vista jurídico-constitucional aquí tiene su lugar y su justificación interna el mandato imperativo y la coerción de fracción. Su legítimo objetivo es asegurar la homogeneidad en toda la estructura del partido, homogeneidad sin la que no puede funcionar un Estado de partidos.

En este contexto, no tiene importancia el motivo que lleve a cada diputado a una “coordinación”. *Puede ocurrir que el diputado haya sido sacado de su engaño por el partido. *Puede ocurrir que el diputado se considere interiormente ligado al partido de un modo tal que crea que la búsqueda de unos fines comunes en acuerdo con los demás diputados le obliga a sacrificar su propia concepción en aras del interés del partido. *Es posible, por último, que el diputado realice este “sacrificio” únicamente para evitar las sanciones que el partido podría aplicarle, por ejemplo no presentándole como candidato en las próximas elecciones. En pocas palabras “las fronteras entre la disciplina de fracción y la coerción de fracción son en cada caso concreto tan variadas como difíciles de distinguir”.

5.- El diputado es cada vez más responsable ante el partido por su comportamiento contrario a éste. La cuestión de si los electores pueden exigir responsabilidad al diputado por incumplimiento de las obligaciones asumidas ante ellos ha perdido en la moderna democracia de partidos su actualidad y significado, pues el lugar de los electores es ocupado ahora por los partidos que los reúnen organizativamente. El partido, como garante de la voluntad popular que se expresa a través de él, puede incluso excluir al diputado de su organización. En la mayor parte de los casos esto significa en la práctica el final de la carrera del diputado. El Estado democrático de partidos, llevado hasta su extremo lógico, tiene como consecuencia incluso que la expulsión del partido (o el paso a otro) traiga consigo la pérdida del escaño parlamentario.

6.- A medida que el diputado pierde su antiguo status representativo, la gratificación económica pierde también su antiguo carácter y su aptitud para garantizar la independencia del diputado. Por esta razón no es casual que la gratificación tienda a convertirse en un pago de los servicios y a asumir el carácter de un sueldo.

7.- No ha de sorprendernos que también se haya alterado de modo fundamental el carácter de las actuales elecciones parlamentarias. Correctamente analizadas, ya no son auténticas elecciones. Más bien tienden de modo creciente a convertirse en actos plebiscitarios en los que los ciudadanos, aunados por los partidos, el llamado electorado, manifiestan su voluntad política a favor de los candidatos designados por los partidos y a favor de los programas de partido que tales candidatos apoyan.

8.- En consonancia con la nueva función básica que hoy tiene la elección en la democracia de partidos, el diputado es elegido para el parlamento cada vez más en función de su pertenencia a un determinado partido y no por su personalidad y especiales cualificaciones.

9.- Ciertamente, y como ya señaló con corrección Richard Thoma, el sufragio proporcional concuerda con un democratismo conscientemente radical y no con el liberal-representativo, y por tanto corresponde al moderno Estado de partidos de la democracia de masas. El sistema proporcional favorece el desarrollo de partidos centralizados y de organización unitaria, así como la concentración del poder político en manos de quienes dominan el aparato de partido.

Vale.

Reflexiones

Un Quijote, un Sancho; ¿o ambos?

Quijote y Sancho: me gustan porque son puro presente. El uno, alucinado; el otro, pedestre. Pero ambos son y están aquí (en su aquí, su presente, evidentemente). Solo por necesidades novelísticas se acude al pasado o se sueñan promesas.

¡Podrían ser gigantes! (¿por qué no?) y, a la vez, no oler a ámbar.

*

En la política española, en el Estado de partidos, tenemos que ser la cuña que, poco a poco, acabe partiendo el tronco de ese roble que es el más viejo y duro del bosque.

Ya somos la cuña de encina que está clavada en el viejo tronco y que no va a dejar de cumplir con su trabajo: ahondar hasta partirlo y destruirlo.

*

Todo tiene que ser más sencillo de lo que pensamos. Sencillo, no simple, no vacuo, no sin sustancia.

Hablo de la sencillez, tan profunda, de los primeros, de esos estoicos, epicúreos…; de Lucrecio y su “De rerum natura”; de Montaigne que los visita y reconoce como esenciales.

Todo lo que después vino y fue no era sino apartarse del recto camino para, en esencia, volver o, tristemente, perderse en laberintos lúgubres para el hombre que acabó despeñándose.

*

Sencillez. La de ser hombre, nada más (y nada menos). No la de ser como los místicos, sino la de ser hombre: física y química. ¿Para qué añadidos?

Cuánta soberbia hay en creer que somos algo más que hombres, que somos el ser; pues de ahí se pasa al creer que somos todo y que el todo es nosotros y que nos pertenece. Pero qué todo, qué nada…: soberbia.

Esa soberbia sigue complicando todo más y más. Y la gente se ahoga cada vez que bracea más en el río revuelto: “soy ¿qué?, ah! sí, soy todo… o ¿ soy nada?, “¿qué me han dicho que soy…?”, etc. ¡Ganancia de pescadores!

Somos, repito, química y física. Esto es comprensible y estable, nadie se complica si asume esta realidad. Otra cosa es que dejar las creencias, abandonar la herencia, sea duro; lo es y por ello se sigue creyendo, es más seguro.

-Vale-

Reflexiones

En esta hora de España (¡¡son tantas ya las horas…!!).

*

La familia, ¡¡oh, la familia!!

Los amigos, ¡¡oh, los amigos!!

¿Cuándo están ahí, cuándo estás solo?

*

Son tantas las ramas que no veo el horizonte. ¿Aquí, allí, más allá? Si para ir allí debes partir de aquí, ¿no está todo aquí?

En el presente, en el ahora. Luego… ya veremos, no nos distraigamos.

¡¡Nada de tiempo!! No existe el tiempo. Si existiera ¿cuándo significarían las palabras?; ni al escribirse dirían pues cada letra iría desapareciendo al dibujarse. El aquí, el ahora, sin pasado ni futuro. Esto sí. A por él, sin distracción.

*

La mente, solo la mente. Fruto maduro del cerebro humano. Nada de espíritu, nada de alma; no existen; ¿qué soberbio los pensó?; no se contentó con el pensamiento, ¿por qué? No lo sé; lo que sé es que se equivocó; ¿acaso quiso alardear, superar a otros para destacar como pensador y, a tal fin, columbró el engendro? Puede ser; ¡¡vanidoso!!

*

La política española no está conmigo, no me da la razón. O todo es pasado… fuimos, conseguimos, partíamos de. O todo es futuro… seremos, conseguiremos, llegaremos a.

Pero nada es presente. No tenemos libertad para elegir representantes, no tenemos representantes. Y estas, la libertad política y la representación, tengo para mí, son puro presente, nada más que aquí y ahora. O hay o no hay, o se ejercen o no existen. El pasado y el futuro, en política, sirven o para mantenerse en el poder, justificándose quien ya está en él, o para alcanzarlo, engañando quien quiere estar.

Únicamente el presente de la libertad y de la representación es sincero y leal con el ciudadano que deviene tal en dicho presente, no antes, no después.

*

Desde el promontorio, tras saludar a la solitaria encina (que no sola) y aunque siento algo de pudor para, en este momento, pensar en política, veo cuán pequeña es la española.

La montaña que diviso, el riachuelo que adivino por su rumor, incluso los minúsculos arbustos que, a duras penas, crecen en derredor, tienen más sentido, más profundidad, que la política española.

Todo en ella es nimio, todo es nada o muy poco. Andar por casa, sí; el afán diario, también. Pero nada grande, nada profundo, nada sentido hasta el tuétano.

Sin libertad, ¡¡qué pequeño es todo!! Apenas nos levantamos, casi no dejamos de arrastrarnos por el suelo, súbditos de señores ajenos. ¡¡¿Cuándo seremos nuestros señores?!! ¡¡¿Para cuándo dejar el momento de llegar a ser señores, ciudadanos?!!

¡¡Ahora, aquí, seámoslo de una vez!!

-Vale-

 

España: Estado de Partidos (IV)

3.- Posición de Leibholz (Continúo, como en otras partes de este escrito, con los propios comentarios de Manuel García-Pelayo en su obra, ya citada, “El Estado de partidos”).

En su primera época creía que el orden estatal ideal se da en un sistema representativo. La idea de representación se opone al “Estado de partidos”. Los diputados dependientes, que ya no preparan y adoptan las decisiones políticas en la libre discusión y votación parlamentaria, han perdido su cualidad representativa. Como, además, “un partido nunca puede representar a todo el pueblo, sino tan sólo los intereses particulares de determinados grupos de la población”, existe “un antagonismo real entre el partido político y la comunidad estatal unida como pueblo”. Esta tesis conduce a Leibholz al rechazo del “Estado de partidos que se subroga a la democracia directa”.

En 1.931 formula su teoría del “Estado de partidos” (ante un proyecto de ley electoral de 1.930 que concedía mayor atención a las personalidades y que contrarrestaba el fraccionamiento en el Reichstag), aunque todavía en aquél momento su simpatía sigue dirigiéndose hacia la democracia representativa, en la que el sufragio mayoritario favorece a las personalidades políticas independientes.

Tras la Segunda Guerra Mundial, cambió definitivamente de postura y, de esta manera, y a través de su trabajo en el Tribunal Constitucional Federal (llegaría a ser su primer Presidente), sus concepciones jurídico-públicas y constitucionales pasaron a ser partes integrantes del derecho vigente.

El “Estado de partidos” es una realidad surgida del despliegue de la representación proporcional, realidad que entra en tensión con la teoría de la representación. La libertad de los diputados, ya no representantes stricto sensu, se ha transformado en dependencia de sus partidos, estando, por tanto, vinculados a los intereses de éstos; las decisiones parlamentarias carecen de creatividad, no son resultado de la dialéctica parlamentaria y, por tanto, la discusión no tiene ningún sentido, ni surge de ella la presencia política del pueblo en su totalidad, sino de los intereses de determinados grupos; por su parte, el Gobierno tampoco es servidor de la totalidad sino una especie de comité sustentado en la confianza de su partido. Los votos de los electores pertenecen al partido sin que aquéllos tengan la posibilidad de influir en la selección de candidatos.

Ha terminado la democracia parlamentaria (en la que cada diputado representaba a la totalidad nacional) para dar origen a una especie de democracia directa o plebiscitaria en la que la voluntad del partido o partidos mayoritarios se identifica con la voluntad general.

En “Representación e identidad” (1.958), cuyas tesis comenzamos a analizar en este artículo para acabar en el siguiente, sostiene:

1.- El “Estado de partidos” no es otra cosa que una manifestación racionalizada de la democracia plebiscitaria o, si se quiere, un sustituto de la democracia directa en el moderno Estado de amplia extensión territorial.

2.- Así como en la democracia plebiscitaria la voluntad de la mayoría de los ciudadanos activos se identifica con la voluntad general del pueblo, en la democracia de partidos la voluntad de la mayoría de éstos en el gobierno y en el parlamento se identifica con la voluntad general. En la democracia de partidos la voluntad general sólo nace por obra del principio de identidad, sin mezcla de elementos estructurales de representación.

3.- El parlamento pierde su carácter originario y se convierte en el lugar en el que se reúnen los comisionados de los partidos para registrar decisiones tomadas en otro lugar (en las comisiones o en las conferencias de partido).

(Como dijo Maurice Duverger “los propios parlamentarios están sometidos a una obediencia que los transforma en máquinas de votar guiadas por los dirigentes de partido”)

Las fracciones se van transformando cada vez más de instituciones del derecho parlamentario en instituciones del Estado de partidos. También la discusión pierde su carácter creador. Los discursos en el pleno ya no tienen por función convencer a los parlamentarios, sino que se dirigen directamente a los ciudadanos, cuyas futuras decisiones políticas se quiere influir mediante esta argumentación “de ventana afuera”. La radio y la televisión son los instrumentos técnicos con los que se asegura cada vez mejor este efecto.

En esta situación no ha de sorprendernos observar que las democracias occidentales tiendan a desplazar el centro político de gravedad desde el parlamento a los ciudadanos y a los partidos que los organizan. Los partidos son los verdaderos dueños de la legislación y constituyen las instancias que han de dar su acuerdo a los tratados internacionales, aprobar el presupuesto y controlar al ejecutivo. Por otro lado, el centro de gravedad se desplaza también hacia el gobierno y la burocracia.

Vale.

España: Estado de Partidos (III)

Surgimiento del concepto “Estado de partidos”.-

Tras la Primera Guerra Mundial, en la época de la Constitución de Weimar surge la expresión y el concepto “Estado de partidos” que tiene como supuesto la “democracia de partidos” y como corolario la pretensión de su reconocimiento formal por el Derecho constitucional.

Tales conceptos eran prácticamente nuevos y entraban en oposición con la doctrina del “Estado-Autoridad” o con la del “constitucionalismo” stricto sensu.

En las formulaciones de la idea del “Estado de partidos” cabe distinguir dos tendencias, además de la de Leibholz.

 

1.- Tendencia que mantiene una actitud positiva hacia tal tipo de Estado y que postula el reconocimiento de los partidos políticos por las normas jurídico-constitucionales.

Así, se expresan ideas como:

1.1.- Thoma.-

Sólo el potencial organizativo de los partidos políticos puede evitar que la democracia de masas no se mueva por vaivenes emocionales y sin sentido que la hagan caer en la desintegración y la demagogia.

Los partidos son la representación de la voluntad del pueblo y órganos de creación de la voluntad política del Estado.

1.2.- Kelsen.-

En el Estado de paridos la voluntad general o voluntad del Estado es resultante de la contraposición de las voluntades de los partidos.

Dada la significación de los partidos, deben tener un reconocimiento constitucional que configure jurídicamente lo que son de hecho, es decir, “órganos para la formación de la voluntad estatal” o, dicho de otro modo, “órganos constitucionales del Estado”.

1.3.- Radbruch.-

El pueblo soberano no se compone de individuos libres e iguales, sino de grupos (partidos) de distinta magnitud.

Mayorías y minorías no son el resultado de votos libres e iguales, sino expresiones predeterminadas del mayor o menor influjo de cada partido.

El diputado no es una personalidad solamente vinculada a su conciencia y no sometida al mandato imperativo, sino que es un ejemplar del género partido.

Las luchas entre partidos, tanto en contienda electoral como en la parlamentaria, no son luchas de opiniones, sino luchas por el poder disfrazadas de discusión.

Esto es así (según el autor ahora citado) y, sin embargo, los partidos siguen siendo jurídicamente extraños a la Constitución. Esta ignorancia constitucional tiene sus raíces en la ideología tradicional del Estado autoritario (“Estado-Autoridad”).

Llega Radbruch a las siguientes tesis:

i).- El “Estado de partidos” es necesariamente la forma del Estado democrático de nuestro tiempo.

ii).- Como consecuencia de la legislación electoral inspirada en el sistema de representación proporcional, los electores no seleccionan entre los candidatos individualmente considerados, sino entre los partidos que los presentan a la elección y, en este sentido, no puede dudarse que los partidos son órganos de creación (órganos destinados a realizar actos mediante los que se eligen o designan a titulares o portadores de otros órganos).

iii).- Como el diputado ha sido elegido por ser miembro de un partido, los criterios personales de tal diputado han de ceder ante los criterios del partido, so pena de tener que abandonarlo y destruir su carrera política.

iv).- El diputado sólo es representante de la totalidad del pueblo si actúa en correspondencia con la posición de su partido.

v).- Los grupos parlamentarios, su existencia y atribuciones, se oponen al principio por el que el diputado sólo está sometido a su conciencia y hacen del mandato imperativo (del grupo) una realidad sociológica.

 

2.- Tendencia que mantiene una actitud crítica hacia tal tipo de Estado o niega la posibilidad de su reconocimiento jurídico.

Así, se expresan ideas como:

2.1.- Koellreuter.-

El resultado será la dictadura sobre el Estado del jefe de partido.

Tal resultado sólo podrá ser limitado, desde el punto de vista jurídico constitucional por varios medios, entre los que están: *el fortalecimiento de la Jefatura del Estado adquiriendo una posición independiente frente al Parlamento para lo que ha de ser elegido directamente por el pueblo; *el fortalecimiento de la burocracia de carrera.

2.2.- Carl Schmitt.-

El Parlamento se convierte en un mercado de distribución de intereses entre los partidos.

La lealtad hacia el Estado y la Constitución ha sido sustituida por la lealtad hacia los partidos y organizaciones de intereses, dándose, así, lugar a una pluralidad de lealtades que pone crecientemente en riesgo a la unidad estatal.

El fenómeno es el de un pluralismo de partidos totalitarios que abarcan todos los aspectos vitales del hombre y que proporcionan a sus seguidores la correcta concepción del mundo, la correcta configuración del Estado, el correcto sistema económico, etc., politizando con ello la totalidad de la vida del pueblo, paralizando la unidad política de éste y produciendo una extensión cuantitativa (aunque no cualitativa) de la acción del Estado, de un Estado de “debilidad total” frente a los partidos y las organizaciones de intereses.

“En esta situación todas las instituciones constitucionales decaen y se desnaturalizan, todas las atribuciones legales e incluso todas las interpretaciones y argumentos se instrumentalizan y devienen medios tácticos de la lucha de un partido contra otros y de todos los partidos contra el Gobierno”.

2.3.- Triepel.-

Teoría clásica del Estado para la que los partidos políticos pertenecen a la esfera de la sociedad, pero no a la del Estado.

La realidad política del “Estado de partidos” es: dominación por éstos del electorado, sustitución de la voluntad del representante por la de la facción, vaciamiento de contenido de las instituciones parlamentarias, disposición sobre los Gobiernos, influjo sobre la Administración, etc.

 

Llegados a este punto de la exposición, dejémosla aquí para continuar en otro momento con la postura de Gerhard Leibholz.

 

Vale.

España: Estado de partidos (II).

Finalizaba el anterior artículo comentando que en la Inglaterra del siglo XVIII se discutió el problema de la distinción de partido y facción; y que la relación jerárquica entre el interés nacional y el interés particularizado fue el criterio para distinguir entre el partido y la facción.

Este debate sobre los partidos será en Alemania donde, a partir de la mitad del siglo XIX, se ocupe de la cuestión de la articulación de estos a la estructura del Estado. Fue así en Alemania porque únicamente en tal país se daban los supuestos teóricos y prácticos para tal planteamiento, que eran:

i).- Estaba planteado el problema de si el centro de decisión política radicaba en los componentes tradicionales del Estado (monarca y su Gobierno, sustentados sobre el Ejército y la burocracia), o si se deslizaba hacia un dualismo como consecuencia de la inserción del Parlamento o, finalmente, si el centro de la dirección política del Estado debía radicar en el Parlamento.

Como veremos a continuación, se trataba de la pugna entre el modelo constitucional stricto sensu y el modelo parlamentario.

ii).- Conciencia de la separación entre Estado y sociedad, que parte del supuesto de que la sociedad es el campo de pugna entre los intereses egoístas y particulares, mientras que el Estado es la configuración de la totalidad y la expresión de los intereses generales.

Ello exige detenernos en lo siguiente. En el “Estado absolutista”, éste era el llamado Estado-Autoridad que concebía al Estado desde arriba y lo identificaba con la Autoridad, en realidad con la relación de mando y obediencia, considerando a los súbditos como una masa pasiva que ha de ser gobernada y administrada desde arriba, sin pretensión alguna a la autoadministración, a la participación en el Gobierno o al control de la dirección autoritaria.

Esta doctrina, originariamente expresión del absolutismo, puede extenderse al tipo de Estado denominado “Estado monárquico constitucional”. La teoría de la monarquía constitucional que rige en Alemania desde 1.850 hasta 1.918 se basa en dos ideas fundamentales:

a).- El Estado (ya desde Hegel) es una entidad existente por sí misma que trasciende a la sociedad, es una expresión de la idea moral; se caracteriza por la unidad, la totalidad, la objetividad, la permanencia y la generalidad. Frente a ello está la pluralidad, la parcialidad, la subjetividad y la contingencia de los criterios e intereses sociales contrapuestos.

Conclusión: el Estado debe acentuar su impermeabilidad frente al pluralismo de los intereses sociales. Como expresó Leibholz (sobre el que volveremos), para los alemanes no se trataba de un pueblo que tenía un Estado, sino de un Estado que tenía un pueblo.

b).- Si bien el “Estado monárquico constitucional” tiene una estructura dualista compuesta por las Cámaras y el Rey, ambos términos tienen distinto valor. Las Cámaras son lo mutable, lo representativo de la pluralidad, la vía que conduce a la socialización del Estado y, por tanto, a la pérdida de la esencia de éste. El Rey, sin embargo, es la verdadera expresión orgánica e institucional del Estado, o, al menos, su factor dominante; el Rey, con su Gobierno, Burocracia y Ejército constituye el polo firme a través de la mutabilidad y pluralismo del Parlamento. Por ello, los partidos políticos no tienen una valoración positiva para el buen orden del Estado.

Este constitucionalismo será la forma típica de Alemania.

En resumen, el Gobierno, en tanto que representante de los intereses del Estado, se contrapone a los partidos como representantes de los intereses particularizados de las ramas profesionales, económicas, territoriales y de comunidades religiosas.

Para el constitucionalismo, la función del representante del pueblo, como representante de los intereses generales nacionales y de los intereses políticos, se desvía en la práctica al atender los elegidos a los electores; igualmente se desvía el principio de que el representante no está vinculado a instrucciones.

Estas actitudes del constitucionalismo beligerante con los partidos se reflejan en su tratamiento por la Teoría del Estado. La autonomía del Estado con respecto a los partidos se hace posible *bien por la existencia de una suprema autoridad totalmente independiente de los partidos, *bien por la naturaleza misma del cargo público.

Así, en las monarquías la cúspide del poder está fuera y por encima de los partidos. El Presidente de la República, lo mismo que los ministros y funcionarios, pueden pertenecer a un partido, pero cuando desempeñan su cargo no lo hacen como hombres de partido, ya que “el cargo público pertenece al Estado, es la totalidad del Estado, está insuflado de espíritu del Estado y sirve al Estado”, de modo que el partidismo político encuentra su límite en la imparcialidad de sus funcionarios.

En todo caso, “los partidos no son una institución de Derecho Público, sino una institución política…no son miembros del organismo del cuerpo estatal, sino grupos sociales libres…”. Los partidos “son configuraciones sociales y en este sentido no son objeto de la Teoría del Estado y su organización carece de carácter estatal” (Jellinek).

Pues bien, esta posición puede considerarse dominante en Alemania hasta la época de la Constitución de Weimar.

Y, como veremos, a partir de entonces, para huir de ese “constitucionalismo”, de ese “Estado monárquico constitucional”, ya vistos, la teoría política se decantará por todo lo contrario pero, en realidad, para que nada sustancial variase:

-ahora, serán los partidos políticos los que representen los intereses del Estado integrándose en el mismo e integrando también, así, a las masas “partidarias” en el Estado.

-ahora, por tanto, ya no habrá separación entre Estado y sociedad, pues ésta, la sociedad civil, es llevada por los partidos al Estado y únicamente habrá Estado.

-ahora, los partidos políticos serán miembros del organismo del cuerpo estatal, dejando de ser “grupos sociales libres”.

-ahora, el representante sí estará vinculado a instrucciones, a las instrucciones del partido.

-y un largo etcétera que iremos viendo.

En otros países (Inglaterra, Estados Unidos, por ejemplo) se marchará por otros derroteros distintos del alemán. Caminos que llevarán a diversas metas muy alejadas unas de otras, hasta el punto que en algunos países se conseguiría con el tiempo que los ciudadanos (la sociedad civil) fueran los únicos titulares del poder y que los partidos políticos fueran los intermediarios entre dichos ciudadanos y el Estado, para que aquéllos, a través de sus representantes y cargos electos, gestionaran ese poder del que únicamente ellos, insisto, se considerarán, y serán considerados, titulares.

Vale.

(Fin de la segunda parte).

España: Estado de partidos (I)

España, como Estado, es, en términos de teoría constitucional, un “Estado de partidos”.

Habrán oído hablar de “democracia de partidos”, de “Estado de partidos” o, incluso, de “Monarquía de partidos”.

Sin embargo, no estamos ante una mera expresión que reconoce en un Estado la existencia de partidos políticos.

Tampoco estamos ante una “democracia imperfecta”, ante un sistema que no falla en sí mismo sino en el que fallan “algunos” políticos porque no trabajan o trabajan poco, porque son unos incompetentes o porque se corrompen. No.

“Estado de partidos” es un sistema jurídico-político concreto fundado en una doctrina surgida en Alemania a principios del siglo XX, desarrollada tras la Primera Guerra Mundial, en la época de la República de Weimar y de su Constitución, y que tras la Segunda Guerra Mundial se impone definitivamente no sólo en Alemania sino también, por ejemplo, en Italia y en todo el Continente para prevenir el retorno de las ideologías totalitarias blindando el Estado con normas constitucionales que, suprimiendo la representación política mediante el sistema de elección proporcional, convirtieron a los partidos políticos en órganos estatales y en titulares exclusivos del poder constituyente (soberanía).

Más tarde se impondría en España con la Constitución de 1.978.

Por tanto, “Estado de partidos” significa algo mucho más profundo que lo que nos imaginamos, pues es una institución jurídico-política surgida de una doctrina creada en una situación histórica concreta y que sirve a unos fines determinados.

La explicación del concepto “Estado de partidos” la obtendré de las propias palabras de algunos de sus mayores defensores. En España, de una obra titulada, precisamente, “El Estado de partidos” (1.986), cuyo autor es Manuel García-Pelayo, para muchos insigne jurista de su tiempo que, no en balde, fue el primer Presidente de nuestro Tribunal Constitucional actual (1.980-1.986). En Alemania, entre otros, de Gerhard Leibholz, jurista alemán del pasado siglo XX que llegaría a ser el primer presidente del Tribunal Constitucional Federal de Bonn.

Es decir, seguiré las propias explicaciones de los partidarios de tal forma estatal pues con ellas se pone de relieve, palmariamente, su brutalidad actual; brutal irracionalidad que la propia crisis económica que estamos padeciendo no hace sino evidenciar todavía más si cabe.

Antecedentes históricos.-

Antes de entrar en el análisis de lo que es propiamente el objetivo de este artículo, atendamos, brevemente, a sus antecedentes históricos.

Las consideraciones teóricas sobre los partidos políticos en el sentido moderno, comienzan en Inglaterra en el siglo XVIII con la germinación del régimen parlamentario.

Tras la Gloriosa Revolución (1.688), con el derrocamiento de Jacobo II y la entronización de Guillermo III de Orange-Nassau, surge en Inglaterra una nueva forma de Estado: la Monarquía constitucional; una nueva forma de Gobierno: el Rey gobierna y la representación popular legisla; y una nueva forma de integración política: los partidos parlamentarios. Sobre estos nuevos modos de la política, el filósofo John Locke, que participó en la expedición de Guillermo de Orange, construyó la teoría de la separación de poderes, con preponderancia del legislativo.

A partir de aquí, fue bajo el reinado de Jorge I (alemán, primer monarca de la casa de Hannover de Gran Bretaña e Irlanda, 1.714-1.727) y con Robert Walpole, político whig que llegaría a primer ministro en 1.721, a la cabeza, cuando se configuró el porvenir de Gran Bretaña y el de las instituciones políticas occidentales. Este rey extranjero necesitaba una mayoría parlamentaria que ningún partido podía obtener de los electores. Pero la Corona, con su prerrogativa de designar libremente el Gobierno y los cargos públicos, podía manipular a los diputados electos. La solución fue Walpole, un hombre sin escrúpulos de la izquierda wigh.

Con regalos, sobornos, cargos en el Estado, contratos con el Gobierno y toda clase de “favores”, Walpole compró y mantuvo una mayoría parlamentaria que le aseguró el poder personal casi treinta años. Los que se concibió como táctica de apoyo al titular de la nueva dinastía se convirtió en estrategia política para impedir que el Rey pudiese designar jefe de Gobierno a persona distinta de la que ostentara la jefatura del partido mayoritario en el Parlamento. La corrupción acabó con la Monarquía constitucional y fundó, por la vía del precedente, la Monarquía parlamentaria con Gobierno de gabinete que aún perdura en Gran Bretaña.

Bajo esta situación, el mentor de los tories, Bolingbroke, escribió las famosas diatribas que dos siglos después darían pasto a la propaganda fascista contra los partidos: “un partido es un mal político y la facción es el peor de todos los partidos”, “el Gobierno por un partido acaba siempre en el Gobierno de una facción”, “la facción es un grupo de hombres armados con el poder que actúan sin principios de partido y sin noción alguna del bien público”.

Pesimismo respecto al uso del poder por los partidos parlamentarios que contagiará no sólo a Edmund Burke, el reformador moralista del partido whig cuando este partido pasó a la oposición, sino a los mismos fundadores de la República de los Estados Unidos, cuya segunda Constitución (1.787) se apartó del modelo británico, volviendo a la separación de poderes de Locke y al equilibrio o balanza de poderes de Montesquieu -que el precedente Walpole había anulado con la unión del poder ejecutivo al poder legislativo de la mayoría parlamentaria-, mediante una fórmula original de los federalistas que Tocqueville calificó como principio de división del poder.

Pues bien, en esta Inglaterra del siglo XVIII se discute el problema de la distinción de partido y facción. Por ejemplo, Bolingbroke en 1.749 expuso que un partido degenera en facción cuando “el interés nacional deviene un objetivo secundario o subordinado y la causa…se apoya más en el beneficio del partido o facción que el de la nación”. Así pues, la relación jerárquica entre el interés nacional y el interés particularizado sería el criterio para distinguir entre el partido y la facción.

Vale.

(Fin de la primera parte.)