Siguiendo con “Representación e identidad” (1.958) de Leibholz, cuya postura doctrinal comenzamos a analizar en el anterior artículo, vemos que continúa así:
(…)
4.- Este cambio en la posición del parlamento tiene que introducir también cambios decisivos en la posición de los diputados.
Los partidos pueden pretender imponerse a sus miembros. El diputado aparece básicamente sometido a una voluntad ajena y ya no cabe hablar de él como de un representante que, libremente y desde su propia personalidad, tomas sus decisiones políticas para todo el pueblo. Al diputado le falta la legitimidad última para seguir en cuestiones políticas fundamentales una línea divergente de la de los partidos y fracciones.
El diputado pasa a convertirse en un eslabón técnico organizativo en el seno del partido, que en caso de conflicto debe doblegarse.
Desde el punto de vista jurídico-constitucional aquí tiene su lugar y su justificación interna el mandato imperativo y la coerción de fracción. Su legítimo objetivo es asegurar la homogeneidad en toda la estructura del partido, homogeneidad sin la que no puede funcionar un Estado de partidos.
En este contexto, no tiene importancia el motivo que lleve a cada diputado a una “coordinación”. *Puede ocurrir que el diputado haya sido sacado de su engaño por el partido. *Puede ocurrir que el diputado se considere interiormente ligado al partido de un modo tal que crea que la búsqueda de unos fines comunes en acuerdo con los demás diputados le obliga a sacrificar su propia concepción en aras del interés del partido. *Es posible, por último, que el diputado realice este “sacrificio” únicamente para evitar las sanciones que el partido podría aplicarle, por ejemplo no presentándole como candidato en las próximas elecciones. En pocas palabras “las fronteras entre la disciplina de fracción y la coerción de fracción son en cada caso concreto tan variadas como difíciles de distinguir”.
5.- El diputado es cada vez más responsable ante el partido por su comportamiento contrario a éste. La cuestión de si los electores pueden exigir responsabilidad al diputado por incumplimiento de las obligaciones asumidas ante ellos ha perdido en la moderna democracia de partidos su actualidad y significado, pues el lugar de los electores es ocupado ahora por los partidos que los reúnen organizativamente. El partido, como garante de la voluntad popular que se expresa a través de él, puede incluso excluir al diputado de su organización. En la mayor parte de los casos esto significa en la práctica el final de la carrera del diputado. El Estado democrático de partidos, llevado hasta su extremo lógico, tiene como consecuencia incluso que la expulsión del partido (o el paso a otro) traiga consigo la pérdida del escaño parlamentario.
6.- A medida que el diputado pierde su antiguo status representativo, la gratificación económica pierde también su antiguo carácter y su aptitud para garantizar la independencia del diputado. Por esta razón no es casual que la gratificación tienda a convertirse en un pago de los servicios y a asumir el carácter de un sueldo.
7.- No ha de sorprendernos que también se haya alterado de modo fundamental el carácter de las actuales elecciones parlamentarias. Correctamente analizadas, ya no son auténticas elecciones. Más bien tienden de modo creciente a convertirse en actos plebiscitarios en los que los ciudadanos, aunados por los partidos, el llamado electorado, manifiestan su voluntad política a favor de los candidatos designados por los partidos y a favor de los programas de partido que tales candidatos apoyan.
8.- En consonancia con la nueva función básica que hoy tiene la elección en la democracia de partidos, el diputado es elegido para el parlamento cada vez más en función de su pertenencia a un determinado partido y no por su personalidad y especiales cualificaciones.
9.- Ciertamente, y como ya señaló con corrección Richard Thoma, el sufragio proporcional concuerda con un democratismo conscientemente radical y no con el liberal-representativo, y por tanto corresponde al moderno Estado de partidos de la democracia de masas. El sistema proporcional favorece el desarrollo de partidos centralizados y de organización unitaria, así como la concentración del poder político en manos de quienes dominan el aparato de partido.
Vale.